El oficialismo intenta que las diferencias políticas con la vicepresidenta no afecten el funcionamiento parlamentario y niega que el pedido de Santilli sea parte de una estrategia coordinada.
El Gobierno intenta bajar el tono del reciente conflicto con Victoria Villarruel y afirma que el pedido formulado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que la vicepresidenta "dé un paso al costado" no tendrá consecuencias institucionales. Desde la Casa Rosada destacan que fue únicamente una respuesta a las críticas que Villarruel dirigió a Javier Milei, y subrayan que no planean impulsar ninguna acción formal en su contra.
En el oficialismo sostienen que esta disputa no modifica la evaluación que hacen desde hace meses sobre Villarruel. Esperan que la vicepresidenta compita en las próximas elecciones con una estructura propia y la perciben como una referencia opositora con un perfil nacionalista y conservador. "Que arme su proyecto en otro lado", señalan en el Ejecutivo.
Sin embargo, consideran que Villarruel no abandonará su cargo. Un funcionario de alto rango sintetiza: "No se va a ir". Además, entienden que la tensión es parte de una serie de cruces que vienen desde el inicio de la gestión entre Milei y su compañera de fórmula.
Desde el entorno de Santilli aclaran que el pedido no fue parte de una estrategia coordinada para forzar la salida de Villarruel, sino una postura personal del jefe de Gabinete frente a las críticas hacia Milei. "No está en el ADN de Diego Santilli llegar con alguien y querer tumbarlo desde adentro. Respondió lo que cree", explican.
En la Casa Rosada aseguran que no habrá ninguna gestión institucional ni movimientos formales contra la vicepresidenta. "Le preguntaron y respondió. No hay más vuelta", indican, buscando evitar que la declaración de Santilli sea interpretada como una ofensiva para desplazarla.
En Balcarce 50 recuerdan que las diferencias surgieron incluso antes de asumir, vinculándolas al cierre de listas de 2023 y a la decisión de Milei de no otorgarle a Villarruel el control de los ministerios de Defensa y Seguridad, que quedaron bajo Luis Petri y Patricia Bullrich.
El oficialismo sostiene que desde entonces Villarruel ha consolidado un perfil más autónomo, reflejado en sus disidencias legislativas, cuestionamientos públicos al Presidente y enfrentamientos con dirigentes libertarios. A pesar de ello, buscan mantener un canal institucional con la titular del Senado.
Reconocen la necesidad de evitar un foco de conflicto en la Cámara alta mientras intentan reactivar la agenda legislativa del segundo semestre, planificando sesiones todos los jueves y avanzando en temas como propiedad privada, Hojarasca, Ley de Salud Mental, reforma del Etiquetado Frontal y otras prioridades.
La relación con Patricia Bullrich también se enmarca en ese equilibrio. Tras semanas de fuertes cruces, la jefa del bloque libertario se reunió con Villarruel para bajar tensiones y mantener un diálogo de cara a las próximas sesiones.
Desde la Casa Rosada valoran ese gesto como una señal de que, pese a diferencias, hay margen para sostener la coordinación parlamentaria y evitar que disputas personales obstaculicen negociaciones con bloques dialoguistas y gobernadores. Admiten que el Senado continuará siendo el frente legislativo más complejo.
Allí aspiran a destrabar proyectos sensibles y avanzar con pliegos judiciales estratégicos para la segunda mitad del mandato. En el Gobierno sostienen que la discusión con Villarruel no altera esa hoja de ruta, y consideran que la vicepresidenta seguirá diferenciándose del Presidente, respondiendo a un proyecto político propio más que a una disputa coyuntural.