El decreto 612/2026 amplía el margen para que sindicatos y empresas acuerden contribuciones más altas.
El Ejecutivo nacional dio un paso atrás en uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral al modificar el esquema de financiamiento sindical. Mediante el decreto 612/2026, se eliminó el tope del 2% que restringía las contribuciones extraordinarias que las empresas podían destinar a los gremios, ampliando así la base para calcular estos aportes.
Esta medida representa un gesto hacia la CGT, ya que devuelve a los sindicatos parte de la capacidad negociadora que la reforma había limitado y les permite discutir con las cámaras empresarias aportes de mayor magnitud.
El decreto fue firmado el viernes 17 por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, y fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La principal novedad es la eliminación del límite del 2% para las contribuciones extraordinarias, lo que habilita que el monto de esos aportes sea acordado libremente en los convenios colectivos entre gremios y empresarios, sin restricciones previas.
Además, se modificó la base de cálculo para estos aportes, que ahora debe considerar el salario básico convencional de la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales de origen convencional. Por el contrario, quedan excluidos conceptos no habituales o no mensuales, como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.
Si bien los fondos recuperan flexibilidad, su uso estará limitado exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por el sindicato. También deberán ser administrados y registrados de forma separada del resto de los bienes sindicales, para garantizar transparencia y facilitar su control previo a la homologación de convenios.
Este cambio contrasta con la línea inicial de la reforma laboral aprobada en febrero y reglamentada en junio. Durante ese proceso, la CGT había intentado suavizar las restricciones al financiamiento sindical, pero sin éxito en la reglamentación.
El Gobierno justificó la medida como una aclaración técnica para ordenar la aplicación de las normas vigentes, aunque su impacto político es claro: la CGT recupera margen para negociar aportes más altos con el sector empresario.