¿Es necesario legalizar el consumo de estupefacientes? ¿Se deben reducir las penas por narcomenudeo?
El control de drogas en nuestro país comienza a legislarse en los años setenta cuando, todavía, el consumo problemático de drogas no registraba mayores inconvenientes.
La primera ley penal 20.771 de 1974, sentó precedente de considerar el consumo de drogas como delito federal.
Actualmente, la Ley 23.737 tiene jurisdicción sobre el tema. Esta no modificó la redacción de los delitos de tráfico, mantuvo el castigo de la tenencia para consumo personal y aumentó la gama de condenas a entre 4 y 15 años de prisión.
Tras el fallo Arriola del 2009, la corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo párrafo) de la Ley N° 23.737 que dice:
“La pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”
El pronunciamiento que reconoce la incompatibilidad del castigo con el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional, sentó precedente para que una persona adulta pueda tener marihuana para consumo personal en el ámbito privado.
🌿 Hoy día, para el caso del cannabis, el consumo personal tiene límites medicinales fijados en 40 grs de flores y 9 plantas. Sin embargo, la polícía hoy día sigue allanando a gente inscripta en el REPROCANN.
En este contexto,la diputada entrerriana, Carolina Gaillard junto con otras diputadas nacionales del Frente de Todos, presentaron un proyecto para modificar esta ley.
“¿En qué estamos trabajando ahora en el Congreso? En el marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial para garantizar el derecho al acceso a la salud, entendiendo que las personas que se tratan con cannabis tienen que acceder a una sustancia segura y de calidad. Eso hoy no sucede”
La iniciativa propone un ajuste en las políticas con relación al consumo de drogas. En primera instancia, se propone modificar los artículos 5, 9, 10, 12 y 28 despenalizando conductas y adecuando penas y ordenatorios.
Al respecto, Gaillard afirmó:
«El Estado tiene que estar presente para acompañar y no para criminalizar. Es urgente, porque va a ser la manera de que los fiscales, la policía y la Justicia dejen de considerar delito cultivar una planta o hacer un acto de consumo personal que no daña a nadie».
El proyecto impulsado por Carolina Gaillard que acompaña con las firmas de: Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer, ya tiene estado parlamentario por lo que puede tratarse a partir de marzo 2022 en sesiones ordinarias.
