Según la ley Argentina Digital (27.078) el acceso a las telecomunicaciones es un derecho y un instrumento fundamental para que la ciudadanía pueda ejercer otros derechos, como el de la educación.
En agosto del 2020 el poder ejecutivo nacional promulgó el Decreto con el que declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales.
Sin embargo, la brecha digital o distancia entre los grupos que tienen acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los grupos sociales que todavía no han podido hacerlo, es cada vez más marcada en la Argentina.
Los que más sufren la desigualdad en el acceso a las TIC son las personas en situación de pobreza o indigencia, los grupos sociales analógicos, los migrantes digitales, mujeres y poblaciones rurales.
Esto se debe a que en nuestro país son las empresas privadas las que definen hacía dónde dirigir las inversiones que expandan la red. Como resultado, las ciudades o barrios con mejor retorno son las primeras en conectarse y, por tanto, las zonas de menor retorno son postergadas.
Así, la brecha digital se amplia entre quienes tienen recursos o habitan un lugar adecuado para acceder a las herramientas digitales y quienes no.
Esto se traduce en una perpetuación de la exclusión social ya que la conectividad es un medio que permite ejercer otros derechos, como el trabajo y la educación.
Acceso a Internet y desigualdades
Si bien el INDEC sostiene que el 82% de la población argentina “utiliza internet”, lo que arrojaría como resultado que en el 82% de los hogares argentinos hay algún tipo de conexión, sabemos que no es lo mismo una casa con conexión wifi, donde cada cuál tiene su computadora y hogares rurales o de barrios en pobres que conectan toda una familia desde un celular con 4G.
En la Sociedad Tecnológica en la que vivimos hoy, estar conectados no basta. Según la UNESCO estar incluidos digitalmente no significa solamente la oportunidad de enviar mensajes o interactuar en redes sociales, se debe contar con el ancho de banda suficiente para realizar “actividades múltiples combinadas”
Lo vivímos sobre todo en época de aislamiento: para poder formar parte de la sociedad, llevar adelante una videoconferencia en óptimas condiciones, operar una red privada de trabajo o estudio virtual (VPN), poder alojar y descargar archivos de la “nube” o incluso tener una simple reunión social, es necesario contar con un buen acceso a internet.
En un estudio del INDEC realizado entre agosto y octubre del 2020, uno de los datos que más llama la atención es que casi el 80 por ciento de los hogares carece de equipamiento tecnológico o tiene dispositivos de baja calidad.
Costos para una vivienda conectada.
Por lo anterior, la UNESCO considera que una vivienda está conectada cuando alcanza o supera los 10 megabytes de descarga. A fin de que esto suceda, se debe tener presente que para que una familia pueda conectarse también deberá considerar un costo de la compra del o los dispositivos con los que se conectará.
En la Argentina, agosto de 2021, el teléfono celular más accesible parte desde los $25.000 (+/- USD 350 BNA), y una computadora con capacidad de realizar actividades múltiples combinadas, empieza en los $50.000 (+/- USD 630 BNA).
Tan solo con haber de precios comprendemos por qué a pesar de que exista ya una ley, la brecha digital es cada vez más grande: más del 50% de los hogares argentinos se encuentran por debajo de los ingresos necesarios para soportar los gastos de conectividad según sus ingresos familiares.
Sin acceso a Internet, Ni a la Educación
Cuando el gobierno nacional, en el marco de la Pandemia COVID-19, debió suspender las clases presenciales, 63.000 escuelas del país cerraron sus aulas, y trece millones de estudiantes y un millón de docentes se quedaron en sus casas.
Este contexto obligó a toda la comunidad a resolver de modo improvisado y bajo un formato remoto la continuidad de las clases. Esto dejó en evidencia que las desigualdades también son digitales y no tan solo en términos de conectividad, sino además en el acceso a contenidos y aprendizaje tecnológico.
Tener acceso fijo a Internet, es una de las tres condiciones tecnológicas necesarias para el aprendizaje a distancia. Las otras dos -la velocidad de acceso y la cantidad de dispositivos disponibles en cada hogar- representan un desafío más complejo de sortear.
Es decir, las desigualdades socioeconómicas que impactas negativamente en algunos sectores sociales (pobreza, bajo nivel de educación parental, mala alimentación, hacinamiento), ahora también se le suma la brecha digital. La tecnología antes de ser un puente entre clases sociales como creemos quienes tenemos acceso a ella, profundiza cada vez más la desigualdad de oportunidades.
No hay dudas de que en la época que vivimos, las tecnologías representan herramientas para el desarrollo. Vivímos en un mundo donde acceder a las comunicaciones tiene que ser un derecho ciudadan y debería consagrarse inminentemente.
