Después de que se presentaran denuncias por los convenios con entidades privadas para ocuparse de la aplicación de la vacuna contra el covid-19, el juez federal Ariel Lijo envió a la Gendarmería al Ministerio de Salud porteño, y a una asociación civil ligada a Juntos por el Cambio que habría funcionado como vacunatorio.
Una de las denuncias que originó la causa fue presentada por la abogada Natalia Salvo ante el Poder Judicial contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós, por «privatizar» la campaña de vacunación contra el Covid-19.
Se trata de una «orden de presentación» que podría transformarse formalmente en allanamiento si desde el ministerio se negaran a brindar la información requerida a la gendarmería.
El fiscal Stornelli presentó el requerimiento del procedimiento ante el juez Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19.
Lijo busca copias de los tratados que el Gobierno de la Ciudad firmó con establecimientos señalados, la información relativa a todos los lotes de vacunas que recibió la Ciudad y a qué centro de vacunación los derivó.
Por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro Quirós afirmó que el Gobierno del distrito está dispuesto a «mostrar y explicar» ante la Justicia el plan de vacunación que se implementa en la ciudad.
