El dictamen de las denuncias anuncia que «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Tras el pedido del fiscal, el juez federal Ariel Lijo ordenó que se acceda a un procedimiento de investigación para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.
Las denuncias fueron presentadas por la abogada Natalia Salvo, la cual en su condición de ciudadana expuesta a contagiarse, pidió ser querellante.
La denunciante señala que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».
El jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta y su ministro salud, Fernán Quiros fueron imputados por el fiscal Stornelli al pedir que se investigue una posible privatización de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieron convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
El dictamen de las denuncias anuncia que «las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Tras el pedido del fiscal, el juez federal Ariel Lijo ordenó que se acceda a un procedimiento de investigación para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito capitalino.
Las denuncias fueron presentadas por la abogada Natalia Salvo, la cual en su condición de ciudadana expuesta a contagiarse, pidió ser querellante.
La denuncianteseñala que «esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal».
