El Gobierno reglamentó la Ley para la Prevención del Suicidio

En el “Día Mundial de la Prevención del Suicidio”, se puso en marcha la reglamentación de esta norma que había sido aprobada hace ya 7 años en el Congreso de la Nación.

 

La decisión se comunicó en el Decreto 603/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial. Dicha Ley se reglamentó tras siete años de su aprobación en el Congreso.

 

La norma establece una serie de acciones con la finalidad de concientizar a la población y asistir a las personas que estén en riesgo.

 

Uno de los puntos más importantes de esta normativa indica que el Poder Ejecutivo “podrá establecer la cobertura de nuevas prestaciones o ampliar las existentes” para incluir el tratamiento de esta problemática en el Plan Médico Obligatorio (PMO) que ofrecen tanto el sector público, como el privado y las obras sociales.

 

“No podrá dejarse sin cobertura, negar la atención sanitaria o discontinuar el tratamiento, tanto en episodios de crisis, como así tampoco en ninguna de las etapas del proceso mientras persista el riesgo suicida. Del mismo modo se desarrollarán dispositivos de promoción y prevención para efectivizar las políticas, planes y programas de prevención del suicidio y autolesiones”, precisó el documento.

 

Se ordenó el desarrollo de “acciones y estrategias para lograr la sensibilización de la población, a través de un tratamiento mediático de comunicación responsable, con información adecuada, basada en derechos, libre de prejuicios, estigmas y/o discriminación de los damnificados y las damnificadas y sus allegados directos o indirectos”.

 

También, se creará “un sistema de registro de notificación obligatoria” y se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “unifiquen sus registros sobre suicidios e intentos de suicidios, teniendo en cuenta los circuitos legales y sanitarios que actualmente recopilan información”.

 

También, la autoridad de aplicación, en este caso, el Ministerio de Salud, trabajará en forma conjunta con cada una de las jurisdicciones para la puesta en funcionamiento o fortalecimiento de servicios de atención telefónica gratuitos para la atención en crisis y riesgo de personas que puedan llegar a quitarse la vida.

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