El dirigente dialogó con NORTE y solicitó revisar las políticas tributarias y analizar estructuras de países vecinos. Instó a la coordinación desde Nación hasta municipios.
Rubén Federico Piceda, exministro de Economía del Chaco, afirmó que Argentina debe avanzar hacia una reducción de la presión fiscal en todos los niveles del Estado —nacional, provincial y municipal— con el fin de recuperar competitividad y sostener a las empresas ante la apertura económica. En una entrevista con NORTE, el economista señaló que el problema no se limita a un impuesto en particular, sino que está relacionado con una estructura de costos que acumuló tributos, regulaciones y cargas durante décadas, afectando la producción.
«Si no reducimos la presión fiscal y ajustamos el sistema tributario —Nación, Provincia y Municipio— los tres deben hacerlo, porque el país es inviable al no ser competitivo», expresó Piceda al analizar la coyuntura económica actual.
Para el exfuncionario, la discusión tributaria adquiere aún más relevancia en un contexto donde Argentina abre progresivamente su economía y los consumidores pueden acceder a productos importados. Esta situación, explicó, obliga a las empresas nacionales a competir no solo entre ellas, sino también con productores extranjeros que afrontan estructuras de costos más bajas.
Piceda utilizó el caso de Paraguay para ilustrar la diferencia en la presión fiscal. Según su estimación, la carga total que soporta una empresa argentina es mucho mayor que en ese país. «Probablemente en Paraguay la presión fiscal total para una empresa sea alrededor del 25%, mientras que en Argentina supera el 40%», afirmó.
INGRESOS BRUTOS
Uno de los principales cuestionamientos de Piceda se centró en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, al que definió como «perverso» por su carácter acumulativo a lo largo de la cadena productiva.
«Ingresos Brutos es un impuesto completamente perverso que incrementa los costos empresariales», sostuvo. Rememoró su participación en el Pacto Fiscal Federal de 1993, cuando se discutieron cambios en la estructura tributaria nacional y provincial. «Formé parte de ese pacto donde se negoció aumentar de 18 a 21%, pero logramos eliminar Ingresos Brutos en la producción primaria e industrial», recordó.
La razón, argumentó, es el efecto acumulativo del impuesto. «Si Ingresos Brutos se cobra en producción primaria, industria, comercio y servicios, se acumulan cuatro veces», explicó.
Piceda resaltó que el debate sobre la carga fiscal no puede centrarse únicamente en cuánto recauda cada jurisdicción, sino que debe considerar el impacto final de cada tributo en el precio de bienes y servicios y, por ende, en la competitividad empresarial.
En esa línea, también mencionó el impuesto a los sellos, señalando que en aquel acuerdo se buscó reducir su incidencia en ciertos sectores productivos. «Sellos prácticamente fue eliminado en la producción primaria e industrial», indicó. Además, destacó períodos en que se redujeron aportes patronales, aunque con alcances distintos según las actividades.
Piceda vinculó la presión fiscal con otro fenómeno clave: la apertura económica. La posibilidad de comprar bienes extranjeros por diferentes plataformas, dijo, altera las reglas de competencia para las empresas locales.
«El déficit previsional consume $300.000 millones anuales y debería ser prioridad legislativa»
El sistema previsional chaqueño se convirtió, según Rubén Piceda, en uno de los principales problemas estructurales de la provincia. El exministro recordó que durante su gestión en los años 90 ya había advertencias sobre el crecimiento del déficit de la caja previsional y criticó que, décadas después, el problema se haya agravado.
«Uno de los temas que más me marcó como ministro de Economía fue defender en la Legislatura el proyecto del exgobernador Rolando Tauguinas para transferir el sistema previsional a la Nación», relató.
En ese momento, el déficit era cercano a los cinco millones de dólares, pero lo más preocupante eran las proyecciones del futuro del sistema.
La propuesta fue aceptada por varias provincias. «Trece provincias decidieron enviar el sistema a la Nación, pero once quedaron afuera, entre ellas el Chaco», recordó.
El principal problema, según Piceda, radica en la relación entre trabajadores activos y jubilados. Explicó que un sistema previsional saludable requiere alrededor de cuatro aportantes por cada jubilado. «Para garantizar una buena atención del jubilado, debe haber cuatro empleados activos que aporten», indicó.
«Si las políticas macroeconómicas del gobierno nacional buscan reducir la estructura estatal, habrá menos empleados activos. De hecho, hay un plan de retiros. Eso genera más pasivos que activos», advirtió.
La gravedad del problema, para Piceda, se refleja en los recursos que la provincia debe destinar para sostener el sistema. «Recordemos que consume, entre comillas, 300.000 millones de pesos al año, equivalentes a 200 millones de dólares», alertó.