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julio 21, 2026
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El Gobierno y la CGT acuerdan modificar la restricción que afectaba la caja sindical

La dificultad para renegociar 800 convenios colectivos y la amenaza de judicialización motivaron el cambio en la norma a pedido de la central obrera

Un funcionario libertario calificó las negociaciones entre el Gobierno y la CGT como “el partido más importante que la Argentina pudo haber jugado este fin de semana”, junto con la final contra España, en referencia a la firma del decreto 612 que salvaguarda la caja sindical, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La Casa Rosada concedió gran importancia al acuerdo con los dirigentes cegetistas debido a problemas derivados de la reglamentación de la reforma laboral. Esta reglamentación había impuesto mayores restricciones a las cuotas solidarias y aportes especiales que pagan los empleadores en los convenios colectivos, situación que no solo generaba una posible ola de demandas judiciales para interpretar sus alcances, sino que también bloqueaba la renegociación de los convenios colectivos de trabajo. Esta renegociación era un objetivo del Gobierno tras la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, frente a la resistencia tanto de empresarios como de sindicalistas a aceptar algunas limitaciones concretas.

Según informó Infobae, tras semanas de negociaciones reservadas, el sábado y domingo se consensuó el decreto que corrige la reglamentación de la reforma laboral, que había perjudicado a los sindicatos en dos aspectos clave para su financiamiento.

Primero, el decreto 407 había modificado inesperadamente la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos. Mientras la ley establecía un máximo del 2% de las remuneraciones de los trabajadores, la reglamentación definía la base como el "salario básico convencional", una fórmula diferente que reducía el monto económico potencial de esos aportes.

El nuevo decreto flexibiliza parcialmente ese límite al ampliar la base salarial sobre la que se aplica el 2%. Estipula que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia mensual de origen convencional, excluyendo conceptos no habituales ni mensuales, como premios, bonos, participación en ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional y sumas no remunerativas.

En segundo lugar, el decreto 612 excluye del tope del 2% los aportes y contribuciones patronales dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, estableciendo que deben administrarse y documentarse separadamente de los demás fondos sindicales.

Esto permitirá que, por ejemplo, las contribuciones empresariales destinadas a obras sociales – fundamentales para sostener el sistema sindical de salud – no tengan límites. Sin embargo, la normativa exige una administración especial y contabilidad diferenciada para estos recursos, que deberán ser claramente identificados y destinados exclusivamente a los fines autorizados.

Así, los sindicatos deberán evitar mezclar estos fondos con los ordinarios y garantizar transparencia sobre la recaudación, los aportantes, el destino y los gastos realizados en beneficio de los trabajadores representados.

La CGT consideró que los cambios inesperados del decreto 407, dictado a fines de mayo, rompieron lo pactado con el Gobierno durante la sanción de la reforma laboral, y responsabilizó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, conocido opositor a las cuotas solidarias, que se descuentan compulsivamente del sueldo de todos los trabajadores de una actividad para financiar a los sindicatos.

La administración libertaria actual, con Diego Santilli como jefe de Gabinete y una postura más negociadora en busca de ganar las elecciones de 2027, mostró mayor receptividad a las quejas de la CGT por el impacto financiero que implicaba el decreto 407.

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