El superávit acumulado hasta junio no alcanzó lo pactado con el organismo internacional. Economía deberá solicitar una exención para liberar un desembolso de US$680 millones.
Luego de conocerse el resultado fiscal al cierre del primer semestre, analistas privados advirtieron que el superávit acumulado hasta junio quedó por debajo de la meta fijada por el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La auditoría del organismo para evaluar estos números está prevista para fines de este mes y se basará en los datos del primer semestre. La aprobación de esta revisión permitiría destrabar un desembolso superior a los US$680 millones.
La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visitará Buenos Aires el 27 de julio. Aunque no participa directamente en el análisis técnico de la revisión, se estima que el Gobierno le adelantará la desviación y solicitará un waiver para justificar el incumplimiento y asegurar la transferencia.
Según el informe matutino de Max Capital, “el superávit primario acumulado con la metodología del FMI alcanzó los $6,3 billones a junio, por debajo de la meta establecida en $6,861 billones, lo que indica que el Gobierno no cumplió con el objetivo”.
En línea con esto, Grupo SBS señaló en un informe que “excluyendo ingresos extraordinarios, la meta fiscal del primer semestre con el FMI quedó incumplida por aproximadamente $573.970 millones, aunque estiman que esto no generará inconvenientes en la revisión próxima”.
Respecto a la meta anual, el Gobierno flexibilizó el compromiso para 2026, reduciendo el superávit del 2,2% al 1,4% del PBI. Max Capital consideró que aún es posible alcanzarla si las cuentas públicas mejoran en el segundo semestre.
El principal desafío será el deterioro real de la recaudación debido al rezago en la actividad económica. La consultora LCG advirtió que “la baja persistente en los ingresos obliga a un mayor ajuste del gasto para cumplir con el compromiso”.
Además, LCG remarcó que, aunque exista voluntad oficial para cumplir con la meta, el esfuerzo fiscal requerido implicaría un costo político y social significativo.
En ese contexto, el Ministerio de Economía tomó medidas que reflejan preocupación por el impacto del ajuste: redujo menos las retenciones, concentrándose en trigo y cebada; postergó hasta 2027 la baja de derechos de exportación sobre soja y derivados; aplazó hasta noviembre el inicio de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL); y recurrió a prácticas contables para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.