poco de cumplirse diez años sin crecimiento económico, dos de crisis, y uno de pandemia, el Gobierno presenta al 2021 como el año de la recuperación. Para ello, se asume que Argentina tocó fondo. Cerraremos el 2020 con una caída superior al 10% del PBI, más del 20% de desocupación real y un 44,2% de la población en la pobreza.
Para argumentar la salida del pozo económico y social donde nos encontramos, el gabinete se respalda en cifras que muestran una incipiente recuperación en la actividad durante esta última parte del año. Por caso, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec creció un 1,9% mensual en octubre (sin estacionalidad), acumulando seis meses consecutivos de crecimiento. Incluso, el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, advirtió en su Panorama Productivo de diciembre que el 74% de la actividad perdida en el peor momento económico de la pandemia ya se recuperó.
El rebote se da en paralelo al relajamiento en las medidas de cuidado y confinamiento sanitario en todo el país. La recuperación depende de que el coronavirus nos dé una tregua. De hecho, el Presupuesto 2021 diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y aprobado por el Poder Legislativo, tiene un supuesto fundamental: la no existencia de una segunda ola de contagios. Sobre esta base, se eliminan los gastos asociados a la ayuda económica para hacer frente a los efectos de la pandemia, principalmente los programas ATP e IFE.
La reducción del déficit fiscal, la recuperación del empleo y la recomposición del ingreso de las personas dependen, según la planificación oficial, de solucionar el problema sanitario. Sin embargo, la segunda ola en el hemisferio norte, el rebrote en los países vecinos, y las dificultades del Gobierno para hacerse de vacunas ponen bajo amenaza todo este esquema. Ir hacia un aumento de casos, nuevos confinamientos o restricciones de movilidad sería un golpe terrible para la economía argentina. La cuestión sanitaria está estrechamente ligada a la económica.
Vacunas
En consecuencia, el aprovisionamiento de vacunas es fundamental para la recuperación económica. Los Estados que gozan de mayores ingresos se apresuraron en comprar y reservar dosis por adelantado. De hecho, países que implican el 14% de la población mundial ya poseen el 54% de las dosis previstas para los próximos meses. Así, hay países que acumulan dosis suficientes para vacunar varias veces a su población. Este ranking es encabezado por Canadá, quien posee vacunas suficientes para inmunizar 5 veces a cada uno de sus habitantes. De esta forma, la mayoría de los países pobres se quedarán sin vacunas. Según investigadores del Centro de Innovación en Salud Global de la Universidad de Duke, no habrá suficientes vacunas para cubrir a la población mundial hasta el año 2023, o incluso el 2024.
Argentina se encuentra en un lugar intermedio entre estos dos extremos. La delicada situación de la economía nacional nos coloca en una posición de debilidad dentro de la competencia por el aprovisionamiento de vacunas. En particular, nuestro país tiene una importante restricción de dólares: las reservas líquidas del Banco Central están en niveles críticos. Esto puede ayudar a explicar la preferencia del Gobierno por la Sputnik V frente a la de Pfizer: mientras cada dosis de la vacuna producida en los Estados Unidos tiene un costo de alrededor de US$20, las dosis fabricadas en Rusia cuestan cerca de US$10. Cabe destacar que la desarrollada por AstraZeneca/Oxford es la más barata, unos US$4 por dosis, pero su producción se encuentra demorada.
Cada persona necesita dos dosis para ser inmunizada, por lo que estas cifras deben duplicarse. Además, los precios no incorporan los costos de transporte y de almacenamiento, también mayores en el caso de Pfizer. Pero los costos para inmunizar a la población no solo son económicos. Según trascendidos, las negociaciones con el laboratorio estadounidense se empantanaron por cuestiones legales y técnicas, dentro del acuerdo a firmar.
Recordemos que hace algunos meses el Congreso sancionó en tiempo récord una ley a medida de la corporación del norte. Entre otras concesiones, Argentina renuncia a la posibilidad de efectuar reclamos en la justicia local, prorrogando la jurisdicción a tribunales extranjeros. La legislación garantiza la inmunidad a los directivos de la compañía, que además cuenta con el respaldo público de medios de comunicación y actores políticos nacionales. El atraso en las negociaciones dejan entrever que Pfizer presiona por aún más garantías.
Por su parte, las condiciones legales negociadas con los laboratorios rusos aún no fueron dadas a conocer públicamente. En nuestro país conocemos de cerca la discrecionalidad con la cual se maneja la industria farmacéutica: en el año de la emergencia sanitaria, la canasta integrada por los diez medicamentos recetados más usados acumuló un aumento de 13 puntos por encima del nivel general de precios (según Ceprofar). El negocio de la vacuna es muy provechoso para las farmacéuticas: según New York Times, a los precios mencionados anteriormente, Pfizer podría embolsarse un margen de beneficio de 60% al 80%; incluso la “barata” de AstraZeneca/Oxford tendría márgenes de hasta el 20% de ganancia, según el Financial Times.
Perspectivas
Como vemos, alcanzar la inmunidad de la población depende de negociaciones en desigualdad de condiciones con gigantes de la industria. No se trata de una cuestión meramente voluntarista, como escuchamos en las últimas semanas. Sin embargo, la llegada de dosis, el operativo de vacunación y la posibilidad de evitar una segunda ola del virus son cuestiones fundamentales para la economía del 2021.
El Presupuesto para el año próximo prevé un rebote en la economía nacional del 5,5%. El economista Orlando Ferreres es más optimista: su consultora estima un crecimiento de entre el 6% y el 7%. El martes pasado, el ministro Guzmán aseguró al medio internacional Project Syndicate, que el Gobierno prevé «una senda de reducciones constantes de la inflación, coherente con una tendencia hacia la consolidación fiscal que libera al Banco Central de la presión de financiar al gobierno y refuerza la credibilidad de la política macroeconómica».
Como mencionamos anteriormente, todas estas proyecciones dependen de la cuestión sanitaria. Un rebrote y un atraso en el calendario vacunatorio podría desarmar los planes oficiales. Tener que avanzar hacia nuevos confinamientos y parates en la actividad productiva llevaría a que el Gobierno retome los planes de asistencia a las empresas. Lo mismo puede ocurrir con las transferencias hacia los sectores que vean restringidos sus ingresos, como el IFE.
En este peor escenario posible, la situación del Gobierno sería muy delicada. Más recesión implica mayor desempleo y pobreza. ¿Se aumentará el gasto social en este caso? Podría ser una amenaza al plan de ajuste en las cuentas públicas de Guzmán, con su consiguiente aumento en la emisión monetaria que iría hacia una aceleración en la inflación y a nuevas presiones sobre el dólar. Esto puede ayudar a explicar la urgencia oficial por conseguir vacunas. Y por qué ha desaparecido de la agenda mediática la instalación de la dicotomía salud versus economía.
