En cambio, en la Superintendencia de Salud (SSS) atribuyeron las protestas a la implementación inminente de un nuevo sistema de geolocalización de los vehículos de transporte para discapacitados para monitorear un gasto que representa más de la mitad del total de los recursos que esa área deriva a las obras sociales como reintegros. También habrá en lo inmediato un mecanismo de seguimiento vía código QR de los tratamientos brindados a esos beneficiarios del sistema. Desde septiembre arrancarán las pruebas piloto para la aplicación de esos controles.
En la repartición dijeron haber trabajado en los últimos dos años en nuevos sistemas de trazabilidad luego de constatar inconsistencias y aumentos excesivos en los valores de las prestaciones para discapacitados. En la actualidad, de 13.400 millones de pesos que entran en un mes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), unos 9.000 millones de pesos derivan al repago de tratamientos para esos beneficiarios, y de ese total la mitad la consumen servicios de transporte o educación, cuando apenas un par de años antes esos valores eran muy inferiores.
Al respecto, los funcionarios consultados explicaron que el gasto promedio de una obra social por cada afiliado discapacitado en marzo de 2020 era de $34.700 y que ese valor en julio pasado trepó a 106.300 pesos, es decir 320% más contra una inflación acumulada, en el mismo período, de 188 por ciento. Además, antes de fin de año el Ejecutivo ya autorizó un 25% de aumento en los aranceles que les reconoce a esas prestadoras. Otro indicio de irregularidad que se detectó fue que los efectores de servicios de transporte de Tucumán reclamaron el cobro de más kilómetros de traslados de la totalidad de los de provincia de Buenos Aires.
El flujo de fondos para este rubro es un entramado complejo de áreas del Ejecutivo y eslabones del sistema de salud. El Fondo Solidario que administra la SSS les reembolsa a las obras sociales el valor de los tratamientos más complejos y de los remedios de costos extraordinarios contra la presentación de expedientes. En el caso concreto de las prestaciones por discapacidad, las entidades de salud de los gremios le comunican sus gastos a la SSS que a su vez los informa a la AFIP (como órgano recaudador de los recursos del sistema) para el repago de esos servicios en un plazo máximo de 60 días.
En medio de la tensión por el acampe el Ministerio de Salud debió salir a aclarar que no había una afectación de los recursos destinados a la cobertura de los tratamientos para discapacitados. “Ante versiones respecto de que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, señala un comunicado de la cartera que dirige Massa, que se desligó así de “la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores”.
