Cuando esto ocurra, será un guiño a la gestión de Martín Guzmán, quién no sólo había cerrado las cuentas en sintonía con lo que el FMI le reclamaría al país, sino que negoció un corrimiento de las evaluaciones finales sobre el cumplimiento de las metas para el comienzo del 2023 en lugar de las fiscalizaciones trimestrales vinculantes.
El entonces ministro de Economía buscó al cerrar su negociación por la primera misión, que la segunda se extendiera hacia septiembre (lo más lejos posible en el tiempo), para que la tercera se concretara hacia fin de año. Sin embargo, desde Washington hubo una visión diferente.
En la sede del Fondo se creyó que las misiones a la Argentina deberían ser lo más rápidas posible, una vez cerrado el período a fiscalizar, dadas las crónicas dificultades que muestra la economía criolla. Y que precisamente, la próxima misión terminara los controles correspondientes al primer semestre del año, período en el cual se inauguran las auditorías del Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo pasado. En consecuencia, que fuera necesario cerrar la primera etapa de las misiones con el tiempo suficiente como para comenzar a realizar la tarea más importante desde la aprobación del Facilidades Extendidas: discutir metas y objetivos con posibilidad cierta de incumplimiento, y las condiciones en las que el país pueda manejar su economía para cerrar el 2022 aprobando el primer año del acuerdo.
