Bajo esa tónica, Luciani argumentó que parte de las presuntas maniobras pudieron tener lugar gracias a que se aplicó la normativa de la provincia de Santa Cruz para controlar obras viales solventadas por el Gobierno Nacional.
Al hablar de una “burda ilegalidad” afirmó que “fallaron los controles sobre algo tan obvio” y que “se aplicó la ley provincial porque este era el plan para defraudar al Estado”.
Según Luciani, si las obras eran regidas por las leyes nacionales debían ser publicadas en el boletín oficial. Y la aplicación de la ley local no establecía los principios básicos de transparencia y publicación de las obras públicas. Al mismo tiempo, reconoció que las obras se publicaban en el boletín oficial de Santa Cruz y en un diario local, pero consideró que era una forma de publicidad insuficiente.
Luciani, opinó que como la ley de santa Cruz les daba prioridad a las empresas locales eso impedía la libre competencia con otros grupos empresarios que podían tener más capacidad o recursos. En conclusión, para el fiscal, esa normativa fue hecha para beneficiar a Báez.
Obras por convenio
Luciani insistió en que la decisión de hacer obras por convenio en Santa Cruz fue parte de una maniobra para evitar los controles. Sin embargo, él mismo reconoció que otras provincias como Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Córdoba registraron mas de una veintena de obras por convenio. Es decir, con fondos nacionales pero administradas y supervisadas por las dependencias de Vialidad de cada jurisdicción.
De hecho, todos los exfuncionarios que declararon como testigos, aseguraron que las obras por convenio son una práctica habitual en todo el país, lo que debilitó este eje de la acusación.
