La iniciativa fue presentada por el diputado Gerardo Milman y pretende un cambio en el artículo 1 para evitar el impedimento de allanamiento de un legislador con causa penal abierta.
En resumen, Milman pretende eliminar el punto de ese apartado que remarca que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.
El diputado argumentó que la sociedad observa este régimen como uno que garantiza la “impunidad”, por lo que es necesario “cambiar para que la política siga siendo una herramienta de cambio y no un estamento de privilegiados que están más allá de la justicia”.
En ese sentido, ejemplificó su postura con el caso de Julio De Vido que “amparado en sus fueros pudo evitar el allanamiento a su domicilio cuando se lo acusó de enriquecimiento ilícito”.
“Estamos dando un mensaje claro a la ciudadanía de que no vamos a propiciar ningún privilegio más allá de aquellos que están establecidos por nuestra constitución y que no es potestad nuestra modificarlos per se”, justificó.
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Pablo Torello, Héctor Stefani y José Núñez.
