Gracias a una investigación de asuntos internos se sabe que 1 de cada 15 policías fue acusado de ejercer violencia de género.
Cabe destacar que todavía la mayoría de los que fueron denunciados continúan en la fuerza. Así como ocurrió con el femicida de Úrsula. De los 6000 que tienen alguna denuncia por violencia machista, 4600 de ellos todavía siguen en la fuerza.
El Informe detallado demuestra que hubo 5966 policías denunciados entre 2013 y 2020 ante la Auditoría General de Asuntos Internos. En donde cada vez que un uniformado es denunciado se abre una investigación. Durante esos años se estima que solo 984 fueron sancionados y expulsados. Lo que significa que el resto sigue en sus funciones, ósea. 4.618 todavía pertenecen a la fuerza, lo que equivale a más del 80% del total.
De esa cantidad que fueron sumariados, 21 trabajaban en una comisaría de la mujer.
Según la resolución 2277/09 por la sola denuncia no se releva de sus funciones al policía acusado. Tiene que comenzar el sumario y evaluar la gravedad del caso, los controles médicos y recién después se determina si continúa en sus tareas.
Entonces, ¿que se hace desde el estado cuando un espacio que debería proteger a las mujeres emplea personas que incumplen las normas morales que deben profesar?
El estado argentino debe proponer y reglamentar condiciones seguras para que toda aquella mujer que se acerque con algún tipo de demanda a una comisaría, reciba atención capacitada y efectiva para protegerla y contenerla. Tanto física como psicológicamente.
