El proyecto fue presentado por Carlos Salom y lleva la firma de otros cuatro legisladores. La iniciativa plantea reinstaurar la vigencia de la Ley N° 3201-K para atender el déficit habitacional y de infraestructura social básica.
Parte del oficialismo presentó en la Cámara de Diputados y proyecto de ley para reinstaurar por dos años la vigencia de la Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica de Chaco. La iniciativa fue presentada por el diputado provincial, Carlos Salom y lleva la firma de los legisladores, Carina Botteri Disoff, Laura Bisonni, Samuel Vargas y la vicepresidente 1° de la Legislatura, Susana Maggio.
El artículo 1 del proyecto reinstaura por dos años, «a partir del vencimiento del plazo establecido por la Ley N° 4085 – K, la vigencia de la Ley N° 3201 – K Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica».
De acuerdo con los fundamentos que acompañan el proyecto, la medida busca dar continuidad a las herramientas legales orientadas a atender la problemática habitacional y de infraestructura en la provincia. El documento sostiene que el acceso a una vivienda digna y a un hábitat adecuado constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo integral de las personas y las familias.
Asimismo, el diagnóstico planteado en la iniciativa precisa que las deficiencias del sector no se reducen únicamente a la falta de unidades habitacionales, sino que abarcan situaciones de precariedad, hacinamiento, falta de servicios esenciales, infraestructura insuficiente e irregularidad dominial, condicionantes que afectan con mayor severidad a la población en situación de vulnerabilidad.
Entre los ejes de acción previstos en el marco de la emergencia se incluyen el acceso al suelo y el desarrollo de procesos de urbanización; la construcción y el mejoramiento de viviendas; la provisión de infraestructura y servicios básicos; la regularización dominial y la consolidación urbana de los barrios.
Finalmente, la propuesta enfatiza la necesidad de profundizar la coordinación operativa entre la Administración provincial y los distintos municipios a fin de optimizar el uso de recursos, evitar la superposición de competencias y fijar prioridades de intervención ajustadas a la realidad de cada localidad. El objetivo expresado en la iniciativa es brindar al Estado provincial un marco legal que le permita actuar de forma rápida e integral para reducir progresivamente el déficit habitacional.