Oficialismo anticipa que gobernadores que apoyaron reformas endurecerán críticas antes de las elecciones y apunta a sostener acuerdos legislativos y canales de negociación.
El Gobierno se alista para un incremento de la tensión con gobernadores dialoguistas conforme se acerquen las elecciones de 2027 y trabaja en un plan para mitigar el impacto en el Congreso. Desde el Ejecutivo estiman que varios mandatarios provinciales que apoyaron desde el inicio las reformas comenzarán a distanciarse, dado que La Libertad Avanza se prepara para competir contra sus oficialismos locales.
Entre esos gobernadores se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Martín Llaryora (Córdoba), entre otros. Aunque cada relación tiene particularidades, todos mantuvieron algún diálogo con Nación y acompañaron proyectos del oficialismo en el Congreso.
Desde Balcarce 50 estiman que las críticas se intensificarán gradualmente a medida que se definan candidaturas y alianzas. La lectura oficial indica que los gobernadores buscarán diferenciarse de Milei frente a sus votantes, polarizando con los libertarios en sus provincias sin romper por completo los canales institucionales. “Va a ser igual que en 2025”, señalan desde Nación.
Ante este panorama, la Casa Rosada inició la elaboración de un plan para contener la tensión y separar la competencia electoral de los acuerdos de gobernabilidad. Entre las alternativas que barajan en el Ejecutivo figuran establecer reglas mínimas para la campaña —internamente denominadas “no pegar abajo del cinturón”—, coordinar condiciones de competencia y sostener negociaciones puntuales sobre la agenda provincial, recursos nacionales y proyectos que requieren votos en el Congreso.
El objetivo inmediato es cerrar una etapa de acuerdos legislativos antes de que la campaña electoral domine la relación con las provincias. En Nación buscan mantener entendimientos al menos hasta diciembre para avanzar con diversas reformas y luego permitir una dinámica de mayor confrontación electoral. La apuesta es conservar durante los próximos meses los votos de aliados con los que luego La Libertad Avanza competirá abiertamente.
El diagnóstico oficial se basa en las dificultades que enfrenta el oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada hablan de un “embudo legislativo” debido a la acumulación de proyectos pendientes que buscan aprobar, tales como la reforma electoral, el Súper RIGI, la Ley General de Sociedades, las modificaciones en Etiquetado Frontal, Hojarasca y Zonas Frías, entre otros.
Además, las trabas parlamentarias aumentaron las tensiones internas entre Patricia Bullrich, los Menem y Federico Sturzenegger en cuanto al ritmo y la estrategia para sancionar las reformas. Estas diferencias se evidenciaron durante el tratamiento del paquete de propiedad privada, cuando el Gobierno debió modificar su hoja de ruta ante la falta de apoyos y retirar capítulos para evitar un rechazo mayor.
Los primeros movimientos de algunos gobernadores refuerzan esta inquietud. Sáenz y Passalacqua avanzan en reorganizar a sus diputados nacionales con una lógica de negociación “ley por ley”, mientras que los sectores vinculados con Jaldo y Jalil también buscan coordinar reclamos provinciales. Desde el Gobierno no interpretan estos movimientos como un paso hacia la oposición, pero sí advierten que cada respaldo será más difícil de conseguir.
La Casa Rosada apunta a tomar como referencia el acuerdo alcanzado esta semana con los gobernadores del Norte Grande sobre las denominadas zonas cálidas. Caputo y Diego Santilli acordaron con Jalil, Sáenz, Leandro Zdero, Sadir y Juan Pablo Valdés trabajar en un esquema que contemple el mayor consumo eléctrico de las provincias con temperaturas elevadas. Esta negociación progresó en paralelo a la discusión en el Senado sobre la modificación del régimen de Zonas Frías.
En Balcarce 50 consideran que ese esquema puede replicarse para otros reclamos concretos: abrir una mesa sobre un problema provincial, definir una respuesta posible desde Nación y mantener simultáneamente un diálogo político sobre las reformas. En el Ejecutivo evitan presentar estos mecanismos como un intercambio automático de recursos por votos y aclaran que cada acuerdo dependerá del contenido de los proyectos y las demandas de cada distrito.