Por el mismo hecho, los acusadores solicitaron al Tribunal la pena máxima y la defensa pidió cambiar la calificación por delitos que prevén condenas tan bajas que los imputados podrían volver a sus casas.
El hecho es uno y es éste: a las 4.44 de la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa, 18 años, fue golpeado por un grupo de jóvenes que lo atacaron por la espalda frente al boliche en el que habían coincidido todos, Le Brique, ubicado sobre la Avenida 3, en Villa Gesell. La paliza duró 45 segundos. Los agresores se fueron caminando. La víctima fue asistida por una médica que llegó en una ambulancia a las 5.07 y lo encontró sin signos vitales. Siete minutos después, a las 5.14, lo ingresaron al shockroom del hospital municipal. A las 6 firmaron el certificado de defunción.
Los atacantes fueron detenidos cuatro horas después, a las 10.38, en el chalet que alquilaban. Los imputaron por el delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y, además, lesiones leves.
Tres años después, en plena feria judicial, con una cantidad de prueba contundente y la declaración de 87 personas, los ocho imputados por el crimen de Báez Sosa podrían obtener la libertad o una condena a perpetua.
El hecho es el mismo, el castigo es bien diferente. En medio de esas opciones, la defensa propuso otra: homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel. Para la Fiscalía y la querella está comprobado que los acusados elaboraron un plan de interceptar y matar a golpes a Báez Sosa en venganza por un altercado que habían tenido dentro de la disco.
Para la defensa la agresión existe, pero también existen varios “pero”: no pudieron comprobar la intención de matar ni la planificación, también es discutible que la víctima haya estado indefensa al momento del ataque.
Hugo Tomei, abogado de los imputados, apuntó que sus asistidos deberían ser absueltos por la “incongruencia” entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos. Pidió que, en caso de ser condenados, el hecho debería ser encuadrado como un “homicidio en riña”, que contempla una pena máxima de seis años. La sentencia será el lunes 6 de febrero.
