Ataque a Cristina Kirchner: Casación podría revisar el pedido de la querella para apartar a Capuchetti

La Cámara Federal de Casación Penal podría analizar si corresponde el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti del expediente que investiga su intento de homicidio. Es que la Cámara Federal, con la firma del juez Leopoldo Bruglia, le concedió a la querella la apelación a la decisión de esa instancia, que había confirmado a la jueza al frente de la investigación. De todas maneras, la habilitación de ese paso no garantiza que el máximo tribunal opine sobre la cuestión, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

No obstante, el dato no es menor si se tiene en cuenta que, con esta presentación, se sorteará una sala del máximo tribunal para que sea el revisor de esta causa, en la que están presos los atacantes Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Gabriel Carrizo. Hasta ahora, en una causa tan nueva, que nació el 1 de septiembre cuando ocurrió el intento de homicidio, ningún recurso había llegado a esta instancia.

Su radicación en Casación no solo permitirá analizar si corresponde o no habilitar la puerta para apartar a Capuchetti sino también sella quiénes serán los jueces que entenderán en futuras apelaciones durante la instrucción y en un futuro juicio oral. Ya se había instruido a la magistrada a avanzar rápidamente hacia el juicio oral, algo que no convence a la querella de la vicepresidenta.

la jueza María Eugenia Capuchetti (Maximiliano Luna)l
a jueza María Eugenia Capuchetti

En paralelo, la Cámara Federal ratificó que Carrizo permanecerá arrestado en la cárcel de Marcos Paz. La defensa había pedido la prisión domiciliaria, en base a un fallo de la propia Cámara Federal cuando le confirmó el procesamiento como partícipe secundario del intento de homicidio agravado. En aquel momento, el fallo instó a buscar medidas alternativas de detención. Pero los estudios ambientales le dieron mal y la jueza Capuchetti rechazó el pedido. Eso fue apelado y ahora lo analizaron los jueces Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

“Si bien en su momento se encomendó a la jueza de grado sustanciar el pedido de morigeración y la posible instalación de un dispositivo de vigilancia electrónica requerido por la defensa, lo cierto es que, hasta tanto se determinen los nuevos alcances promovidos en aquella incidencia, no podemos descartar la posibilidad de que el establecimiento de una medida de coerción distinta a la que se viene ejerciendo, obstaculice el debido desarrollo y continuidad de la actividad probatoria en esta encuesta”, escribieron Bruglia y Bertuzzi en la resolución a la que accedió Infobae. “Por lo tanto y orden a estas premisas, se impone la confirmación de la resolución puesta en crisis”, añadieron.

Gabriel Carrizo junto a Brenda Uliarte, al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner dando una nota por TeleféGabriel Carrizo junto a Brenda Uliarte, al día siguiente del ataque a Cristina Kirchner dando una nota por Telefé

A su turno, el juez Llorens afirmó: “A los fines de determinar si resulta viable la modalidad de detención domiciliaria entiendo que a la luz de lo preceptuado en el Código Procesal Penal de la Nación y a los supuestos previstos en la ley 24.660, el caso venido en estudio supera los parámetros normativos. Esto es así, en razón de que no se comprueba en autos ninguna de las exigencias legales para proceder al otorgamiento del beneficio previsto en el instituto en cuestión, por lo que corresponde confirmar el temperamento adoptado por la a quo, lo que así voto”.

La causa hoy está siendo investigada por el fiscal Carlos Rívolo, en quien la jueza delegó la causa el pasado 24 de noviembre. Era precisamente después de una serie de tuits de la vicepresidenta avisando que recusaría a la magistrada acusándola de paralizar la investigación. El capítulo en donde más se profundizó en críticas contra la jueza fue cuando se sostuvo que no se había avanzando con la línea que involucra al lider de Nueva Centro Derecha Hernán Carroll y la pista Casablanca en donde se apunta al diputado del PRO Gerardo Milman, en base a lo que un asesor legislativo dijo haberlo escuchado decir en un bar del Congreso 48 horas antes del atentado: “Cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”.

Ese día la querella tuvo una audiencia en la Cámara Federal en donde incluso llego a responsabilizar a la jueza por si le pasaba algo a la vicepresidenta o sus hijos, algo que generó el llamado de atención de Bruglia en el fallo que se rechazó el apartamiento.

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