Defensores del Pastizal

Defensores del pastizal es una agrupación de biólogxs, investigadorxs, guardaparques, naturalistas, abogadxs, estudiantes, artistas y ciudadanxs preocupados por el avance de los monocultivos forestales de especies exóticas (Pinus sp. y Eucaliptus sp.) en la Provincia de Corrientes. Que rechazan todos los procesos de la cadena foresto-industrial que culminan con la instalación de pasteras de celulosa sobre los ríos Paraná o Uruguay. 

Según el Relevamiento Nacional de Tierras Rurales, el 6% de la superficie nacional (15.881.069 hectáreas) se halla en manos de empresas extranjeras, espacio en el que muchas explotan esta industria.  En Argentina, Harvard es propietaria de 87.000 hectáreas de campo en la provincia de Corrientes con plantaciones de pinos y eucaliptos que son gestionadas por sociedades anónimas: Empresas Verdes Argentinas S.A. (EVASA) y Las Misiones S.A. Alrededor del 50% se encuentra dentro de la Reserva Provincial Iberá

Lxs defensorxs del pastizal, militan por la puesta en valor de los humedales, pastizales naturales y animales que los integran, haciendo énfasis en las especies que se encuentran en peligro de extinción, para quienes el principal factor de su desaparición, es la modificación de su hábitat. 

Los pastizales son uno de los tipos de vegetación natural más extensos del planeta. Según diversas estimaciones, actualmente se calcula que unos 39 millones de km2, lo que equivale a más de una cuarta parte de la superficie terrestre continental, podría estar potencialmente cubierta por pastizales. Estos sistemas prestan a través del proceso de formación de suelo un importante servicio como secuestradores de CO2 –a razón de unos 60 kg de carbono por hectárea y por año–, con lo que contribuyen de este modo a mantener la composición de gases en la atmósfera y a la regulación del clima. Los pastizales evitan también la erosión de los suelos y controlan las inundaciones, además representan una importante fuente de material genético. Otros servicios esenciales provistos por los pastizales incluyen su papel como proveedor de insectos polinizadores y de enemigos naturales de numerosas plagas que atacan los cultivos.

Los proyectos madereros buscan su crecimiento y promoción basándose en una serie de supuestos falsos que utiliza el Gobierno para que empresas y aliados del poder económico y político, justifiquen su expansión como algo “bueno y necesario”. Tal y como sucede en Corrientes y provincias vecinas. 

Las fábricas de pasta de celulosa, según parámetros de la ONU, constituyen una de las cinco actividades industriales más contaminantes del mundo.

Periódicamente leemos y escuchamos a representantes de nuestro Gobierno referirse a las forestaciones y sus industrias asociadas (aserraderos y pasteras) como la futura base de la economía provincial. Con estos dichos, porque solamente son dichos. Engañan a las comunidades locales, que esperan un desarrollo como resultado de dichos proyectos. Ya que si en una etapa inicial, las plantaciones demandan mano de obra, esta prosperidad temprana disimula el vacío laboral posterior, puesto que, en todo su ciclo, la industria para celulosa crea en promedio sólo un puesto de trabajo cada 70 hectáreas. 

Sabemos que este modelo de producción de madera y celulosa es una de las formas que tiene la industria de apropiarse de la riqueza de todos los correntinos. Cuando el Gobierno habla de “ser competitivos en el mercado internacional de la madera y el papel”, se refiere a que la producción sea rentable para las empresas: bajar costos y maximizar ingresos. No contabilizan en sus costos los daños ambientales y sociales que ocasionan. Si la industria tuviera que pagar por la destrucción de pastizales y suelos, el déficit hídrico, la desocupación, los problemas sanitarios, migración, etc., la celulosa sería tan costosa que el negocio sería inviable. La destrucción ambiental y social es el subsidio que entregamos como correntinos para que unas pocas personas y empresas ganen mucho dinero.

Aclaremos. Esta industria modifica drásticamente el paisaje, deteriorando los procesos que mantienen la biodiversidad animal y vegetal en bosques, pastizales, bañados y esteros, disminuyendo su valor de conservación a nivel global.

Las plantaciones de monocultivos, afectan la disponibilidad de agua ya que los pinos y eucaliptos consumen enormes cantidades con sus extensas raíces, y su altura y densidad de ramas y hojas impiden que un alto porcentaje del agua de lluvia llegue al suelo. Estos procesos combinados contribuyen a que disminuya y/o desaparezca la recarga de agua de arroyos, lagunas, bañados y acuíferos. 

A raíz de todo esto, se degradan los suelos como consecuencia de la acidificación que se producen el acumulamiento de hojas y ramas de los árboles implantados. Esto interrumpe los procesos naturales encargados de mantener la fertilidad de los suelos. Además, afectan la calidad del agua dado que tal acidez se escurre y llega a los cuerpos de agua. 

Además estos árboles son invasores; ya que se expanden de manera incontrolable y avanzan afectando a las producciones agropecuarias y ambientes naturales

Y por otro lado, fomentan el consumo irresponsable e innecesario de papel, mayormente para productos descartables, aumentando la contaminación ambiental.

En la Argentina, la disponibilidad de tierras fiscales a bajo precio, el reducido costo laboral y los débiles controles ambientales atrajeron al capital extranjero. A su vez, el Estado nacional estableció un marco jurídico extremadamente favorable para el sector. El Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (1992-1995) desregularon la foresto-industria y adjudicaron subsidios a la plantación de especies de rápido crecimiento y alto valor económico. 

 Obedeciendo a los intereses de las empresas extranjeras, ese modelo hegemónico responde a la lógica del orden global, la división internacional del trabajo y el mercado mundial, a la vez que atenta contra las racionalidades de los pequeños productores, los campesinos, los aborígenes y la población en general.

Se han documentado numerosos casos de comunidades de colonxs y campesinxs cercadxs por pinares, hasta tal punto que esto obligaba a las familias a abandonar sus propiedades y emigrar; posteriormente, las compañías se apropian de las chacras y se apresuraban a plantar pinos, para evitar el eventual regreso de los campesinos. Como resultado, centenares de viviendas y hasta las escuelas de parajes y pueblos rurales han sido arrasadas por el avance del monocultivo forestal. En el norte argentino son comunes asimismo las situaciones de tenencia precaria o irregular de la tierra, debido a la ausencia de títulos jurídicos de propiedad. Los campesinos son apenas amparados por la ‘ley veinteañal’, que reconoce la tenencia de la tierra a las familias que acrediten haberla ocupado o explotado durante al menos dos décadas. En consecuencia, la situación de los pequeños agricultores familiares es frágil, y sus derechos son fácilmente vulnerados y avasallados por los grandes intereses forestales. Son habituales, de hecho, los violentos desalojos de campesinos, a menudo concretados mediante el uso de la fuerza pública; gendarmería y policía.

Así, la acumulación por desposesión basada en la mercantilización de la tierra, la exclusión del acceso a bienes comunes y la conversión de la propiedad comunal en propiedad privada, es legitimada y respaldada por el Estado. Otro caso paradigmático de saqueo de la tierra involucra a las comunidades aborígenes. El boom forestal ha expulsado sistemáticamente a los pueblos originarios de sus dominios ancestrales; los guaraníes, que durante siglos habían habitado en la espesura de esos bosques tropicales -obteniendo de ellos abrigo y sustento-, son acorralados por una expansión agro-forestal que los despoja de sus tierras y les arrebata sus fuentes de subsistencia. En este caso, las compañías forestales recurren a estrategias más agresivas y directas de saqueo, como desmontes y desalojos.

Ahora hablemos de la contaminación química. Esta industria fumiga sus plantaciones jóvenes dos veces al año, utilizando en cada ocasión aproximadamente 3 litros de agro-tóxicos por hectárea, integrados por una combinación de glifosato y otros productos -pre-emergentes (imazapir), post emergentes (metsulfuron metil), clopiralid-olamina, simazina, graminicidas, coadyuvantes, etc-. A lo anterior deben añadirse también los insecticidas utilizados para combatir las plagas de hormiga cortadora; donde es habitual el uso de portacebos cargados con sulfluramida y otros agrotóxicos actualmente prohibidos por la legislación vigente en la Argentina. El impacto de las fumigaciones sobre la biodiversidad ha agravado aún más las implicaciones generadas por los desmontes, afectando especialmente a la fauna acuática y a especies en peligro de extinción. Las nacientes de ríos y arroyos son contaminadas por el vertido de agroquímicos y la cercanía de las plantaciones forestales, polución cuya influencia se extiende en época de lluvias a vastas áreas, debido a la lixiviación de suelos y el escurrimiento de líquidos ponzoñosos. En el cultivo de estos árboles se utiliza un agente químico específico: el cloro, necesario para blanquear la pulpa de madera. Los ingentes volúmenes de agua que Celulosa Arauco extrae de ríos y arroyos son devueltos a su cauce contaminados con miles de litros de dióxido de cloro, lignina, azufre, hidro-sulfatos, furanos, fenoles, sulfuro de metilo, metales pesados y dioxinas. Las consecuencias sobre la flora, la fauna y la población son terribles. La polución del aire; lluvias ácidas; contaminación fluvial; olores pestilentes; degradación de viviendas; mortandad masiva de peces y demás fauna acuática; secado y/o daño de plantaciones de cítricos; muerte de aves de corral, ganado y animales domésticos. No solo afectan a los cultivos y animales. Las fumigaciones con agrotóxicos y la polución ocasionada por la producción de pasta de celulosa ocasionan severos y numerosos trastornos de salud en las comunidades locales. De hecho, es habitual que los habitantes de localidades misioneras como Wanda, Puerto Piray y Puerto Esperanza sufran alergias, debido al polen desprendido en época de florecimiento arbóreo, erupciones dérmicas, infecciones urinarias y renales, patologías respiratorias como bronquitis, gripe, neumonía, laringitis y otras enfermedades crónicas, afecciones menores como náuseas, vómitos, diarrea, mareos, cefaleas, problemas gástricos, abortos espontáneos, trastornos hormonales, inmunológicos y genéticos, nacimientos con malformaciones y retraso psico-motor, alteraciones nerviosas, atrofia muscular espinal y varios tipos de cáncer, con niveles de incidencia muy superiores a la media nacional y mundial.

La industria forestal no crea bosques. Crea cultivos de árboles de crecimiento rápido para luego talarlos en el menor tiempo posible y, para que este negocio sea rentable, necesita plantar grandes superficies en forma de extensos monocultivos. Funciona de la misma manera en todas partes del mundo y genera los mismos impactos negativos tanto a nivel ambiental como social. Los problemas locales no se solucionan rematando el capital natural y social al mejor postor internacional, se solucionan mirando hacia adentro, hacia el corazón mismo del pastizal correntino y de sus nobles habitantes, para encontrar con ellos el camino hacia un futuro más saludable.

CORRIENTES NO NECESITA DESTRUIR SU NATURALEZA Y SU CULTURA CORRIENTES NO NECESITA LAS FORESTACIONES MASIVAS

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